El gobierno del presidente Gustavo Petro ha exigido explicaciones a las principales operadoras de telefonía móvil e internet de Colombia tras un incremento del 3,15 por ciento en los costos de servicios en un solo mes. La suba, registrada en el índice de precios al consumidor de marzo de 2026, contribuyó a empujar la inflación nacional a 0,78 por ciento mensual, un nivel que generó alarma en el equipo económico del gobierno.

Las empresas señaladas son Tigo, Movistar y Claro, las tres dominantes del mercado colombiano de telecomunicaciones. Miembros del congreso y analistas han señalado que la integración previa entre Tigo y Movistar, que redujo el número de competidores significativos en el mercado, podría estar detrás de la capacidad de las empresas para subir precios de forma coordinada sin perder clientes hacia alternativas más económicas.

La superintendencia de Industria y Comercio ha iniciado acciones de vigilancia para determinar si las empresas han incurrido en prácticas anticompetitivas. Entre las hipótesis que se manejan está la posibilidad de que la reducción de competencia en el sector haya creado condiciones propicias para el ejercicio de poder de mercado, algo que las empresas han negado sistemáticamente.

Para los consumidores colombianos, la situación llega en un momento delicado. El acceso a internet móvil se ha convertido en una necesidad básica, particularmente tras la pandemia, y cualquier incremento en su costo afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. Las asociaciones de consumidores han pedido al gobierno que considere medidas temporales de control de precios mientras se desarrolla una investigación completa del mercado.