Arturo Hernández, de 20 años, se convirtió en una de las primeras detenciones bajo la Ley Take It Down, aprovada por el Congreso de Estados Unidos para penalizar la distribución de contenido sexual generado por inteligencia artificial sin consentimiento. Las fuerzas de seguridad afirman que lo identificaron con facilidad: un agente del FBI notó que Hernández había registrado su cuenta de Gmail bajo el apodo “Ryan”, pero vinculó esa cuenta a su perfil real a través de una publicación guardada en Instagram.

El caso sirve como aviso doble. Por un lado, demuestra que los deepfakes sexuales no son anónimos: la infraestructura digital deja huellas difíciles de borrar incluso para quienes creen estar protegidos por el anonimato digital. Por otro, revela la magnitud del problema: Hernández publicó 113 álbumes con imágenes y vídeos sexualizados generados por IA que acumularon casi un millón de visualizaciones antes de ser eliminados.

La ley bajo la cual fue procesado establece penas por publicar y vender contenido sexual deepfake sin el consentimiento de la persona afectada. Aunque la legislación no requiere probar que el contenido es real, sí exige demostrar que el acusado sabía que la persona no había consentido su uso.

El hecho de que entre los casos atendidos por el FBI aparecieran también deepfakes de personas conocidas por el agresor, como compañeras de clase o compañeras de trabajo, añade otra dimensión al problema: la pornografía deepfake se ha convertido en una herramienta de acoso cotidiano que ya no se limita a figuras públicas.

El FBI ha señalado que los primeros arrestos bajo esta ley son solo el comienzo de una ola de procesos que las fuerzas de seguridad tienen preparado contra la distribución no consentida de este material.