El estado de California ha tomado una postura firme contra la administracion Trump al negarse a eliminar su ley estatal de banda ancha como condition para recibir 1.420 millones de dolares en fondos federales. El conflicto surge de una orden de la Casa Blanca que exige a los estados revoke cualquier legislacion que restrinja la capacidad de las empresas de telecomunicaciones de cobrar tarifas mas altas por servicios de internet de alta velocidad.

La disputa juridica que se avecina tiene implicaciones profundas para el futuro de la politica de telecomunicaciones en Estados Unidos. California argumenta que su ley esta disenada para proteger a los consumidores de precios abusivos y garantizar el acceso a internet en areas rurales, mientras que la administracion federal sostiene que la legislacion estatal interfiere con la politica comercial federal.

El Fiscal General de California ha presentado una demanda pidiendo a un tribunal federal que impida la aplicacion de la condition, argumentando que condicionar fondos federales a la eliminacion de leyes estatales constituye un abuso de poder ejecutivo. Esta confrontacion podria llegar hasta la Corte Suprema, donde el equilibrio entre la autoridad federal y estatal en materia de telecomunicaciones sera determinado por los jueces.