La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció un acuerdo con General Motors por valor de 220 millones de dólares tras determinar que la empresa recopilaba datos detallados del comportamiento de conducción de sus vehículos conectados y los comercializaba a terceros sin obtener un consentimiento informado de los propietarios.

Los datos comercializados incluían patrones de aceleración, frenado, velocidad media, rutas frecuentes y horarios de uso del vehículo. Esta información resultaba especialmente valiosa para aseguradoras, anunciantes y corredores de datos, que la utilizaban para calibrar primas de seguros y perfiles publicitarios sin conocimiento de los afectados.

El caso establece un precedente significativo para la regulación de vehículos conectados, que se proyecta representen más del 90 por ciento de los coches vendidos globalmente para 2030. Los defensores de la privacidad argumentan que los automóviles modernos son las mayores plataformas de vigilancia personal que existen, superando en capacidad de captación a los teléfonos inteligentes.

En América Latina, donde la venta de vehículos conectados ha crecido significativamente en los últimos tres años, organizaciones de consumidores de Brasil, México y Chile han solicitado a sus reguladores que investiguen prácticas similares en fabricantes locales e importados. La normatividad de protección de datos personales de varios países latinoamericanos no contempla específicamente los datos de vehículos conectados.