El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un giro radical en la política de inteligencia artificial de su gobierno al indicar que frenará la ley de IA que su propia administración había promovido. El cambio, que se produjo en los minutos finales del proceso legislativo, ha generado incertidumbre en el sector tecnológico y entre los países que habían comenzado a adaptar sus regulaciones siguiendo el modelo estadounidense.

La ley de IA impulsada por la administración Trump buscaba establecer un marco regulatorio flexible que favoreciera la innovación en el sector, pero había recibido críticas tanto de quienes la consideraban demasiado permisiva como de quienes sostenían que la intervención del gobierno en la industria tecnológica debería ser más robusta. El cambio de posición sugiere que el presidente prioriza ahora otros objetivos políticos que requieren el apoyo de sectores que anteriormente habían respaldado la regulación.

Para América Latina, la decisión tiene implicaciones indirectas pero significativas. Muchos países de la región habían tomado como referencia el enfoque estadounidense para diseñar sus propias políticas de IA, esperando que una regulación equilibrada en Estados Unidos les daría espacio para hacer lo propio sin perder competitividad global. El giro de Trump deja a esos países sin un modelo de referencia claro y potencialmente los obliga a redefinir sus estrategias regulatorias.