El proyecto de ley de preservación de videojuegos de California superó un obstáculo clave esta semana al avanzar en la Asamblea estatal con votos suficientes para seguir su curso hacia el pleno de la cámara. La normativa exige a las empresas editoras de videojuegos que, si deciden cerrar los servidores de un juego en línea, ofrezcan a los jugadores la opción de descargar un parche que permita seguir jugando de forma independiente o recibir un reembolso completo del precio pagado.

La legislación surge como respuesta a casos como el de Diablo Immortal de Blizzard, que obliga a los jugadores a tener conexión permanente a internet para un juego que puede costar hasta 100 dólares, o el de Telltale, cuyos cierres dejó a miles de usuarios sin acceso a títulos que habían comprado legalmente. En ambos casos, los jugadores perdieron no solo el acceso multiplayer sino también toda la experiencia individual que habían pagado.

Los grupos de defensa del consumidor y las organizaciones de jugadores llevan años presionando por este tipo de legislación, argumentando que cuando alguien compra un videojuego debería tener derecho a seguir jugándolo independiente del destino comercial que tenga la empresa desarrolladora. La industria ha opuesto resistencia argumentando que mantener servidores activos es costoso y que los términos de uso ya advertían a los jugadores sobre los riesgos de depender de servicios en línea.

Si la ley es finalmente aprobada por la Asamblea y firmada por el gobernador, California se convertiría en la primera jurisdicción de Estados Unidos en establecer este tipo de obligación legal para la industria del videojuego.