Una autoridad local de un condado en Estados Unidos celebró una votación pública para decidir si destinaba agua potable a un proyecto de centro de datos que almacenaría información vinculada al programa de armas nucleares del gobierno estadounidense. El resultado fue un rechazo rotundo por parte de los residentes, que expresaron preocupación por el impacto ambiental y la competencia por recursos hídricos limitados en la región.

El centro de datos en cuestión habría sido construido y operado por un contratista de defensa en tierras cedidas al Departamento de Energía. El proyecto prometía empleos locales y contribuciones fiscales, pero los residentes argumentaron que el consumo de agua proyectado era incompatible con las necesidades de una región semiárida.

La votación ocurre en un contexto de creciente oposición comunitaria a grandes instalaciones de centros de datos en todo el país, particularmente cuando estas compiten con usos domésticos o agrícolas del agua. Los centros de datos de alta seguridad para gobierno requieren niveles de redundancia y refrigeración que consumen cantidades significativas de agua.

Para América Latina, este caso ofrece una lección sobre la necesidad de marcos regulatorios claros para la ubicación de centros de datos que consideren no solo la seguridad nacional, sino también el impacto sobre comunidades locales y recursos naturales compartidos.