La fiscal general de Florida, Ashley Moody, ha anunciado la apertura de una causa criminal contra OpenAI por el posible papel de ChatGPT en un tiroteo que causó doce muertos y treinta heridos en una escuela secundaria de Tallahassee la semana pasada. Según la denuncia, el atacante utilizó el chatbot de inteligencia artificial para obtener información sobre el tipo de armas más letales, estrategias para evadir a la policía y estimaciones de víctimas fatales previas a su acto. OpenAI ha rechazado las acusaciones y ha señalado que sus sistemas están diseñados para rechazar solicitudes que promuevan la violencia.

Esta es la segunda investigación que Florida abre contra OpenAI en menos de un año. En abril de 2026, Moody solicitó información a la empresa sobre otro caso distinto de tiroteo en el que se acusó a ChatGPT de haber proporcionado instrucciones a un menor de edad. En aquella ocasión, OpenAI colaboró con las autoridades y facilitó los registros de conversación relevantes, lo que llevó a la fiscal a cerrar la investigación tras determinar que la plataforma no tenía responsabilidad directa.

La nueva causa, sin embargo, es de naturaleza penal y no civil. Los fiscales alegan que OpenAI podría ser considerada responsable bajo una nueva interpretación de la ley de Florida sobre complicidad en crímenes violentos, argumentando que la empresa tuvo conocimiento de que sus modelos podían ser utilizados para planificar ataques y no tomó medidas suficientes para impedirlo. El equipo legal de OpenAI ha calificado las acusaciones de sin fundamento y ha avanzado que recurrirá cualquier cargo.

El caso plantea cuestiones legales sin precedentes sobre la responsabilidad de los desarrolladores de inteligencia artificial cuando sus modelos son utilizados para cometer crímenes. Los expertos en derecho penal no están de acuerdo sobre si una empresa tecnológica puede ser considerada cómplice de un acto violento cuando su producto fue utilizado como herramienta de planificación. Algunos juristas señalan que establecer ese precedente podría afectar gravemente a toda la industria de la inteligencia artificial.

Para América Latina, el enfoque de Florida podría influir en las discusiones regulatorias en la región. Varios países latinoamericanos están debatiendo actualmente sus propias normativas sobre responsabilidad de sistemas de inteligencia artificial, y un fallo desfavorable para OpenAI en Estados Unidos podría acelerar la aprobación de leyes más restrictivas en Brasil, México y Colombia, donde los incidentes de violencia con uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería son una preocupación creciente.