El Gobierno de España ha presentado un proyecto de ley pionero en Europa que establece una velocidad mínima de conexión a internet de 100 megabits por segundo como derecho universal para todos los hogares, independientemente de si se encuentran en centros urbanos o en zonas rurales remotas. La normativa, conocida como la Ley de Conectividad Digital, obligaría a los operadores de telecomunicaciones a extender sus redes hasta las zonas donde actualmente no es rentable ofrecer servicios.

España cuenta con una de las redes de fibra óptica más extensas de la Unión Europea, pero todavía existen cerca de 800.000 hogares, la mayoría en áreas rurales de Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, que no tienen acceso a conexiones de banda ancha fiable. El proyecto de ley busca resolver esta brecha creando un fondo de compensación financiado por los propios operadores y con aportaciones del presupuesto estatal.

La propuesta ha recibido el respaldo de la Comisión Europea, que en los últimos años ha presionado a los Estados miembros para que garanticen el acceso universal a internet de alta velocidad como servicio básico. En su informe de conectividad de 2025, Bruselas estableció que el 70 por ciento de los hogares europeos debería tener acceso a conexiones de al menos 1 gigabit para 2030, y España busca posicionarse como líder en el cumplimiento de esos objetivos.

Los operadores de telecomunicaciones, sin embargo, han expresado su preocupación por los costes de implementación. La extensión de fibra óptica a las zonas rurales puede costar hasta diez veces más por hogar que en áreas urbanas, lo que haría inviable la inversión sin compensaciones adecuadas. La asociación del sector también advierte que la obligación podría trasladar costes a los consumidores en forma de subidas de precios.

Para América Latina, la iniciativa española representa un referente relevante. Varios países de la región enfrentan brechas de conectividad aún más profundas, con millones de personas en áreas rurales sin acceso a internet de banda ancha. Regulaciones similares en México, Colombia o Brasil podrían accelerar la extensión de redes a comunidades que hoy dependen de conexiones lentas o que no tienen acceso a ningún servicio.