La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha eliminado de su normativa las sanciones penales —incluyendo penas de prisión de hasta un año— para quienes vuelen drones en las cercanías de vehículos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El cambio, revelado por 404 Media, modifica una regulación que había sido impugnada en tribunales por organizaciones de derechos civiles.

La normativa anterior establecía una distancia mínima de seguridad alrededor de los vehículos de la ICE y preveía sanciones civiles y penales para quienes la incumplieran. Un tribunal había determinado previamente que la regulación violaba el derecho a la libertad de expresión, al impedir a activistas documentar con drones las operaciones de las agencias de inmigración en espacios públicos.

Los creadores de los dispositivos de rastreo para drones —cuya venta había sido prohibida por la normativa ahora eliminada— han agradecido la decisión. En un comunicado, indicaron que sus productos simplemente permitían a cualquier persona detectar la presencia de drones en su entorno, una función que consideraban legítima dentro del derecho a la privacidad.

La decisión de la FAA se produce en un momento de intensa actividad legislativa en torno al uso de drones en Estados Unidos. Varios estados están debatando marcos réglementarios que equilibren la seguridad nacional, la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la vigilancia ciudadana. Para América Latina, donde el uso comercial y recreativo de drones se ha expandido rápidamente, la evolución réglementaria de Estados Unidos suele servir como referente.

Organizaciones de derechos civiles han señalado que, aunque la eliminación de las sanciones penales es un avance, la vigilancia con drones por parte de agencias federales sigue planteando problemas de constitucionalidad. En Perú y Colombia, donde el uso policial de tecnología de vigilancia también está en debate público, estos precedentes judiciales resultan relevantes para evaluar el marco juridique local.