Sony ha confirmado oficialmente una nueva política de uso para los videojuegos de las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 que requerirá conexión a internet para funcionar. La decisión marca un cambio sustancial en la accesibilidad de los videojuegos en mercados donde la conectividad a la red es limitada o inestable, y ha generado preocupación entre organizaciones de consumidores y jugadores en América Latina.

La compañía japonesa ha justificado la medida como necesaria para garantizar la integridad de los sistemas antipiratería y proteger la experiencia de juego en línea. Sin embargo, los críticos señalan que la decisión podría dejar fuera del mercado de videojuegos a millones de usuarios en regiones donde la infraestructura de telecomunicaciones no garantiza conexiones permanentes.

En varios países de América Latina, donde la penetración de internet de banda ancha sigue siendo desigual, la medida podría afectar desproporcionadamente a jugadores de zonas rurales y comunidades con menor acceso a infraestructura digital. Organizaciones de consumidores han solicitado a los reguladores que evalúen si la política de Sony constituye una práctica abusiva que limita el acceso a productos legalmente adquiridos.

La industria del videojuego ha intensificado su transición hacia modelos que requieren conectividad permanente en los últimos años, un fenómeno que los analistas vinculan tanto a estrategias antipiratería como a la voluntad de las empresas de recopilar datos de uso y monetizar los servicios en línea.